Varapalo de la autoridad fiscal: hay que ajustar otros 5.000 millones para cumplir con Bruselas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha dado hoy un toque de atención al Ministerio de Hacienda, al considerar que es necesario aprobar medidas de ajuste extraordinarias que reduzcan la brecha fiscal en otros 5.000 millones de euros antes de que finalice el año, para cumplir así el objetivo prometido a las autoridades comunitarias en la última revisión del plan de estabilidad. El Gobierno confía en cerrar 2016 con un déficit público del 3,6% del PIB, pero la AIReF señala que, sin nuevas medidas, la tasa será del 4,1%.

La razón de esta desviación se encuentra principalmente en el despilfarro de las comunidades autónomas y en el descuadre de la caja de la Seguridad Social. La autoridad fiscal critica al departamento que dirige Cristóbal Montoro por su “laxitud” a la hora de meter en cintura a los gobiernos regionales, citando expresamente los casos de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.

Según el informe publicado por la AIReF si Hacienda hubiera actuado con diligencia “la ejecución de los presupuestos autonómicos aprobados habrían permitido alcanzar un déficit inferior al 0,7% del PIB si recortar su nivel de gasto”, pero “la aplicación de la misma propuesta del Ministerio para todas las CCAA ha conducido a que casi todas ellas prevean agotar el margen dado por la flexibilización del déficit, sin que la regla de gasto haya actuado como elemento de contención”.

Además, la institución (creada por exigencia de Bruselas tras la firma del memorando previo al rescate del sector financiero) asegura que “no se han instrumentado los acuerdos de no disponibilidad por parte de las CCAA”, una de las medidas estrellas anunciadas por el Ejecutivo para cumplir su objetivo fiscal. La AIReF critica también que se haya mantenido el salvavidas a los gobiernos regionales (a través del Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA), sin que estos hayan aprobado los correspondientes planes de ajuste.

A todo esto se une, que “el superávit registrado en años anteriores por las corporaciones locales se reducirá en 2016”, que “la reforma tributaria está teniendo un impacto negativo” sobre la recaudación y que “no se está materializando la recuperación de precios” que estimaba la AIReF que podría ayudar a cumplir con el citado objetivo del 3,6% del PIB al cierre del año. Todo ello llevará, a su juicio, a un déficit público del 4,1% del PIB en 2016, cinco décimas más de lo prometido por el Gobierno, lo que equivale a unos 5.000 millones de euros.

Sin embargo, la autoridad fiscal considera que el escenario puede ser incluso peor, generando un agujero entre gastos e ingresos públicos en el entorno del 4,7% del PIB, lo que haría necesario un ajuste extraordinario de 9.000 millones de euros respecto al anunciado por el Ejecutivo (incluyendo la última reforma del Impuesto de Sociedades comprometida con Bruselas y por la que España pretende ingresar 6.000 millones extra).

Este deterioro se producirá si no se aplica la citada medida fiscal de forma adecuada y si no se ejecuta de forma correcta el acuerdo de no disponibilidad del Estado, que asciende a 2.000 millones de euros. “En la medida en que la no disponibilidad se aplique al crédito destinado a aportaciones y transferencias a empresas o entidades públicas que se encuentren dentro del perímetro de consolidación, el impacto real en el déficit tan solo se hará efectivo si estas disminuyen sus propios gastos”, indica el organismo.

Más allá del cierre de este año, la AIReF ofrece una serie de recetas al Gobierno para retomar la senda de la disciplina presupuestaria, entre las que destaca la necesidad de obligar a las comunidades autónomas a cumplir sus objetivos bajo la amenaza de retirada del fondo de rescate (el FLA), realizar informes mensuales que se lleven al Congreso sobre la ejecución fiscal y “corregir las diferencias interpretativas y de exigencia” a la hora de determinar la regla de gasto de los gobiernos locales.

Finalmente, el organismo manifiesta la necesidad de “adoptar las decisiones necesarias para garantizar el equilibrio financiero de la Seguridad Social, en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. Y es que el sistema de protección tiene un agujero superior a los 13.000 millones de euros y todo parece apuntar a que cerrará el año con un déficit del 1,6% del PIB, lejos del 1,1 del PIB estimado por el Gobierno. La intención del Ejecutivo es cubrir ese desfase con el superávit de los ayuntamientos, pero el diagnóstico de la AIReF arroja dudas sobre este objetivo